miércoles, 28 de abril de 2010

La Deuda Publica Argentina - Cronología 1976-2005 -

DEUDA, DEFAULT Y CANJE (1976- 2005)-


Para entender la actual crisis económica de la Argentina, la peor de su historia, resulta necesario analizar una de sus principales causas: el endeudamiento público. A pesar de que los problemas de endeudamiento existen desde el nacimiento de la República. ( Pej: el emprestito del Baring en 1824), este artículo expresa la cronología de los hechos a partir de 1976, dada la envergadura del aumento de la deuda pública

La deuda pública nacional comprende las deudas del Gobierno Nacional y el BCRA (Banco Central de Reserva) así como los avales o garantías otorgadas a otras entidades que comprometan ejercicios futuros. Se excluyen las deudas de los estados provinciales y bancos públicos que no cuenten con un aval de la Nación.

1. ANTECEDENTES

La explosión del endeudamiento público argentino se produce durante la dictadura militar del General Rafael Videla (1976-1981), principalmente, bajo la gestión económica del Ministro Martínez de Hoz. En menos de 8 años, desde el 2 de abril de 1976 hasta la entrega del gobierno a Raúl Alfonsín a fines de 1983, el endeudamiento externo se multiplicó casi 6 veces, pasando de 8 mil a 45 mil millones de dólares. El pago de intereses creció de 1.6 a 6.8 mil millones de dólares anuales.

Expresado en términos relativos se pasó entre 1976 y 1983 de una deuda externa que equivalía a dos años de exportaciones a otra que representaba los ingresos de 6 años de exportaciones. A su vez, el pago de intereses aumentó su participación, pasando del 40% al 90% de las exportaciones,

La causa del endeudamiento argentino de ese periodo no puede ser entendida fuera del contexto mundial, en particular, el fenómeno generado por los llamados petrodólares.

A mediados de la década del 70 los bancos norteamericanos y europeos se encontraban rebosantes de liquidez como consecuencia del fuerte incremento del precio del petróleo, que pasó de 3 a 12 dólares el barril entre 1972 y 1974. Este aumento se tradujo en un fenomenal incremento del ingreso de los países exportadores de crudo, recursos que fueron mayoritariamente depositados en bancos occidentales. Para colocar esos fondos los bancos salieron a la búsqueda de clientes con buenas posibilidades de repago, condición medida a través de la ratio servicio de deuda y potencial exportador. Argentina era, por lejos, uno de los paises que mejor satisfacía este criterio.

Los recursos provenientes del endeudamiento fueron malgastados. En lugar de traducirse en inversiones productivas se destinaron fundamentalmente a importaciones improductivas, desde armamentos a turismo en el exterior (“deme dos”) favorecidos por la política de apertura y “dólar barato” que implementaba el gobierno.

La tablita hermana mayor de la Convertibilidad fue el instrumento de política que con el propósito de controlar la inflación llevó a una fuerte sobrevaluación del peso y la consecuente perdida de competitividad de la economía que se tradujo en el fuerte ingreso de bienes del exterior. Entre 1975 y 1980 las importaciones pasaron de 4 mil a 10.5 mil millones de dólares, con déficits en cuenta corriente que superaron en 1980 y 1981 el 60% del valor de las exportaciones.

La disponibilidad de divisas necesaria para implementar el modelo se obtuvo a través del endeudamiento público, principalmente de las empresas estatales [1]. Los responsables económicos de la dictadura y del FMI pretendieron justificar este fuerte endeudamiento como una vía necesaria para sostener una política de apertura económica.

Finalmente, al producirse el colapso el Estado asumió la deuda externa contraída por las empresas privadas, lo que elevó el endeudamiento en más de 14 mil millones de dólares. Entre las empresas privadas favorecidas figuraron las filiales argentinas de sociedades multinacionales.

El desmanejo de la deuda durante esos años generó un proceso judicial, a partir de la denuncia hecha en 1982 por un periodista, Alejandro Olmos. El fallo del juez Ballestero, dictado el 13 de julio de 2000 no produjo ninguna condena a personas (en razón de la prescripción) pero reveló la magnitud del escándalo de la deuda nacional.

Las conclusiones del fallo (pag.195) fueron terminantes: "la deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados nacionales y extranjeros en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas".

Asimismo, el juez señalo en el fallo:

• El apoyo activo del FMI y la Reserva Federal de Estados Unidos a la política económica de la dictadura argentina.

• La recolocación en el exterior –frecuentemente en las mismas instituciones- de sumas tomadas en préstamo de bancos de EEUU y Europa. "Aproximadamente el 90% de los recursos provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas y del gobierno fueron transferidos al exterior en operaciones financieras especulativas" (pag.102).

• El manejo financiero perjudicial de las empresas públicas, que, como YPF, fueron puestas en quebranto.

• La transformación de la deuda de empresas privadas en deuda pública de manera totalmente ilegal. Entre las empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado, 26 eran empresas financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en Argentina: Citi Bank, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America.

El Plan Brady

Durante su gestión el Presidente Raúl Alfonsín mostró una actitud tibia y vacilante respecto del tratamiento de la deuda heredada de la dictadura. Prefirió mantener negociaciones destinadas a postergar pagos en lugar de profundizar las investigaciones y enjuiciar a los responsables, domésticos y foráneos, del gran desastre nacional.

Durante la administración del Presidente Carlos Menem se puso punto final a la deuda pendiente, a través de la implementación del plan impulsado por los grandes bancos norteamericanos y diseñado por el Secretario del Tesoro de EEUU, Nicolas Brady. El mismo consistía en una operación compulsiva de canje de la casi totalidad de la deuda que el país mantenía con la banca acreedora [2].

En diciembre de 1992, Argentina llegó a un acuerdo de refinanciación de su deuda con los bancos a través de un menú de instrumentos de pagos. En ese momento, la deuda pública nacional ascendía a 70.5 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones se adeudaban a grandes bancos norteamericanos y europeos.

El gobierno reconoció a valor nominal todas las deudas reclamadas por los bancos acreedores, que ascendían a 22 mil millones de dólares, así como otros 7.8 mil millones en concepto de intereses. A precio de mercado los viejos títulos valían sólo un 15% de su valor.

Se emitieron 26.6 mil millones de dólares en nuevos bonos de canje, que contemplaban tasas de interés del 16,5% para los Par y Discount y del 19% para los FRB.

La forma de pago incluyó, además, pagos en efectivo a los bancos y la compra de garantías en bonos cupón cero de la Tesorería norteamericana por unos tres mil millones de dólares.

Las principales características de los bonos Brady son:

Discount Bonds: se emitieron $ 4.500 millones a 30 años. Conllevaban una quita de 35% con respecto a la deuda original. La tasa de estos bonos era flotante: Libor + 0,8125. Cada bono cotizaba a $ 55 y el rendimiento anual previsto del 16,5%.

Bonos Par (Par Bonds): se emitieron por $ 15.000 millones a 30 años. La tasa era fija, aunque escalonada hasta su vencimiento. El precio de salida de estos bonos fue de $ 44,5 y el rendimiento anual previsto del 16,5%.

Bonos a tasa flotante (Floating Rate Bonds, FRB): se emitieron por $ 7.100 millones para pagar los intereses atrasados. Es un bono a 12 años, con tres de gracia. El interés era a tasa Libor + 0,8125. El precio de salida fue de $ 55 y el rendimiento anual del 19,25%.

En síntesis, el Plan Brady consistió en la refinación de la deuda que el Gobierno Nacional tenía con los grandes bancos extranjeros, principalmente norteamericanos. Por activos cuya cotización de mercado no superaban los 4.5 mil millones de dólares se entregaron títulos garantizados a 12 y 30 años de plazo por un valor de 26.6 mil millones, a tasas de interés superiores a la internacional.

Obviamente, la solución alcanzada fue la que más convenía a los bancos acreedores y al gobierno de EEUU, que seguía el tema con gran preocupación debido a la alta exposición de sus instituciones financieras.

2. LA DÉCADA DEL 90

A partir del Plan Brady (abril de 1993) se vuelven a abrir los mercados financieros y comienza a desarrollarse una nueva modalidad de endeudamiento público a través de la colocación de títulos en moneda extranjera que son adquiridos por fondos de inversión del país y del exterior.

La década del 90 se caracterizará por la pérdida de importancia de los bancos comerciales y la mayor participación de ahorristas, fondos de inversión y organismos internacionales en el financiamiento del sector público local.

Argentina se convirtió en la niña mimada de los apologistas del neoliberalismo aperturista y, gracias a ello, pudo ocupar un lugar de privilegio en el flujo de capitales financieros e inversiones. A fines de siglo, la deuda externa argentina representaba la cuarta parte de la deuda total de los países emergentes. Embriagados con los vapores del boom accionario y la nueva economía muchos analistas confundieron hinchazón con crecimiento y no supieron divisar el abismo al que se dirigía el país en forma acelerada.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, la deuda pública aumentó en más de 40 mil millones de dólares. La instrumentada bajo la forma de títulos creció más de 50 mil millones, mientras que se redujeron en poco más de 10 mil millones los prestamos realizados bajo otras modalidades. La deuda con la banca comercial, que representaba más de la tercera parte de la deuda pública nacional a principios de los 90, se redujo a sólo el 3% a fines de la década, mientras que aumentó la significación de los préstamos con organismos internacionales, bilaterales y multilaterales.

El endeudamiento de esos años debe sumarse a los mayores ingresos públicos generados por el aumento de impuestos y las privatizaciones, estimados  en 40 mil millones de dolares. ¿En qué fueron utilizados esos 40 mil millones de endeudamiento público adicional?

La explicación se encuentra en el desequilibrio de las finanzas públicas provocado, fundamentalmente, por dos factores: el servicio de la deuda y la reforma previsional.

El pago de intereses se multiplicó, alcanzando a la suma de 11.5 mil millones de pesos/dólares en el 2000, que representaban el 25% de los ingresos del Gobierno Nacional. Por otro lado, como consecuencia de la reforma previsional se produjo una importante merma en la recaudación, ya que a partir de julio de 1994 el Estado dejó de recibir los aportes patronales de los trabajadores que pasaron a las AFJP.

A fines del 2000 las AFJP llevaban recaudados 24 mil millones de pesos, que en el sistema anterior hubieran reforzado las finanzas del Estado.

A título de conclusión puede señalarse que, en los dos casos, bajo la dictadura militar y el menemismo, el endeudamiento público resultó funcional e indispensable a la puesta en practica de un modelo económico de apertura comercial y financiera en el marco de una sobrevaluación del peso, provocada en un caso por la tablita y en el otro por la Convertibilidad. El boom de importaciones sólo podía ser financiado con recursos externos, los que fueron obtenidos a través del endeudamiento del sector público.

La falta de sustentabilidad del modelo, derivada de la débil dinámica en la producción de bienes y, en particular, de la fuerte vulnerabilidad externa provocada por el incremento explosivo de las importaciones y la creciente carga del servicio de deuda, encaminaba al país hacia la más grave crisis económica y financiera de su historia.

3. RUMBO AL DEFAULT
A partir de las crisis financieras de Rusia y del este asiático aumenta la desconfianza de los inversores internacionales respecto de las posibilidades de Argentina de hacer frente a sus compromisos externos. Esta desconfianza se traduce en una reducción de los flujos financieros y un incremento de las tasas de interés debido al aumento del riesgo país. Los créditos obtenidos a principios del 2000 fueron a tasas del 11.5%, con una sobretasa de riesgo país de 600pb.

A fines del 2000 se clausura totalmente el acceso del sector público nacional al financiamiento en los mercados de capitales del exterior. Por otro lado, la imposibilidad de hacer frente a los compromisos reduce el margen de acción del Gobierno a tres alternativas: (i) obtener nuevos créditos de organismos internacionales, (ii) plantear una “espera” a los acreedores o (iii) negociar una “quita” del principal y/o interés.

Justamente, esa será la secuencia de acciones que adoptara el Gobierno del Presidente De la Rua. Primero, durante la gestión del Ministro Machinea, decide recurrir a créditos de organismos internacionales y de gobiernos para no caer en cesación de pagos, operación denominada "blindaje financiero" [3]. Al fracasar, se plantean las opciones de “espera” y “quita”, conducidas por el Ministro Cavallo.

El Blindaje
El “blindaje financiero” fue un paquete de asistencia financiera integrado por créditos del FMI, BM, BID y el Gobierno de España por 19.7 mil millones de dólares a ser desembolsados entre el 2001 y 2002, a tasas de interés de aproximadamente 7.5% anual y por un termino de 5 años.

Las condiciones del crédito y obligaciones de las partes quedaron formalizadas en la carta intención suscrita en diciembre del 2000 por el Gobierno Nacional y el FMI. Para tener acceso al crédito el Gobierno se comprometía a ejercer un estricto control sobre el déficit fiscal, que para el 2001 no podría superar los 6.500 millones de dólares, y agilizar la aprobación de un nuevo sistema previsional y la desregulación de las obras sociales.

El blindaje fue promocionado por el Gobierno Nacional como una operación de asistencia financiera por un total de 39.700 millones de dólares. Esa suma expresaba la intención -posteriormente frustrada- de ampliar en 20 mil millones de dólares el financiamiento obtenido por medio del aval del FMI, a través de la emisión de nuevos títulos para su colocación en fondos de inversión, bancos y AFJP.

El Megacanje
La insuficiencia del blindaje para salir de la crisis financiera y la resistencia de los inversores externos en otorgar nuevos créditos al Gobierno argentino hizo fracasar rápidamente las expectativas despertadas por el blindaje.

Pocos meses después, en mayo del 2001, durante la gestión de Domingo Cavallo como Ministro de Economía, se diseña una nueva estrategia destinada a rescatar bonos con vencimiento a corto plazo a cambio de otros de más largo alcance, operación bautizada con el nombre de Megacanje. Había llegado el momento de poner en marcha la alternativa de “espera”.

El Megacanje involucró casi la cuarta parte de la deuda pública nacional y una tercera parte de la instrumentada en títulos. A través de esta operatoria se rescataron 46 bonos, por valor nominal de 29.5 mil millones de dólares, la mayoría con vencimiento en los tres años siguientes [4]. A cambio de esos títulos se entregaron nuevos bonos por un valor de 30.5 mil millones de dólares, repartidos en plazos de 7, 17 y 31 años. Los tenedores de los viejos bonos aceptaron el canje porque los nuevos bonos les garantizaban una rentabilidad mayor a la de los títulos entregados a cambio.

La tasa de interés promedio pactada en los nuevos bonos se situó en el 15 por ciento (convalidando un riesgo país de 1000 pb), si bien los cupones consignaban tasas del 10 por ciento. Esto se debió a que los nuevos bonos se entregaron con descuento sobre el valor nominal y que por los viejos se pagó a los tenedores un premio adicional.

El 75% (21.5 mil millones) de lo canjeado se colocó entre tenedores locales de bonos: 11 mil millones en AFJP, 7 mil en entidades financieras y 3.5 mil en bancos oficiales. Los 8 mil millones restantes se colocaron entre inversores externos.

Considerando que la operación involucró poco más de 30 mil millones de dólares y que se canjearon títulos que devengaban un interés promedio del 9 por ciento por otros al 15 por ciento, se puede estimar en 1.800 millones de dólares al año el costo adicional por diferencial de intereses. En concepto de comisiones se pagaron 152 millones de dólares.

A cambio del mayor costo, el Gobierno "compro tiempo" pues el canje permitió una extensión de vencimientos que promedió los 4 años, otorgando un alivio de 16 mil millones en los pagos que debían realizarse hasta el 2005.

Canje con “quita y espera"
El Megacanje resultó sólo un paliativo. A los pocos meses quedaba en evidencia que a pesar del empecinamiento en negar la crisis la realidad se imponía. Sólo restaba realizar un último intento antes de declarar el default, clara expresión del crudo fracaso de una estrategia de apertura ciega que agravó la vulnerabilidad externa del país. Había llegado el momento de intentar la aceptación voluntaria por parte de los acreedores de una “quita y espera” en el monto de sus acreencias y plazos de cobro.

La operación, llevada a cabo en noviembre del 2001, consistía en canjear los títulos de deuda existentes por préstamos instrumentados a una tasa de interés del 7 por ciento, a lo que debía sumarse una prórroga de 3 años en las amortizaciones de capital. A cambio de esta quita en la tasa de interés –ya que los bonos canjeables pagaban tasas entre 9 y 14 por ciento- y la espera en el cobro del principal, se ofrecía en garantía de pago la recaudación impositiva.

El objetivo del Gobierno era canjear unos 65 mil millones de bonos en dos etapas. Una primera, local, destinada a tenedores de bonos residentes en el país y otra segunda, internacional, con inversores extranjeros.

Los tenedores locales ofrecieron para el canje, en la Fase I, bonos por 55.3 mil millones de dólares, de los cuales 42.3 mil millones correspondieron a títulos nacionales y otros 13 mil millones al tramo provincial. Los ahorros para las finanzas públicas se juzgaron significativos, estimándose que para el 2002 alcanzaría los 5 mil millones de dólares, 2.400 millones por menores intereses y otros 2.600 millones por postergación de amortizaciones. Por otro lado, el ahorro en el servicio de la deuda provincial, para ese mismo año, se estimó en 1.300 millones de dólares.

La renuncia del Presidente De la Rua impidió concretar la Fase II del canje. Poco después, en enero del 2002 Argentina declaró oficialmente el default, iniciándose una nueva época.

4. EL DEFAULT

Al momento de declararse el default la deuda pública ascendía a 144.4 mil millones de dólares [5].

La mayor parte de los compromisos, 55.4 mil millones (38.1%), se encontraba instrumentada bajo la forma de títulos públicos. A su vez, los prestamos derivados del canje de deuda realizado en Noviembre del 2001 sumaban 42.2 mil millones de dólares adicionales, el 29.3% del total.

Lo adeudado a organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y otros) alcanzaba a 32.3 mil millones (22.4%).
El saldo restante de 8 mil millones, se repartía entre gobiernos (bilaterales), bancos comerciales y otros acreedores.

Una primera lectura de la situación muestra la dificultad de renegociar las condiciones de la deuda debido al alto grado de atomización de los acreedores, como consecuencia del elevado porcentaje instrumentado en títulos.
Otros aspectos relevantes del endeudamiento público argentino al momento del default eran:

• El 97% de la deuda pública se encontraba pactada en monedas extranjeras, principalmente en dólares (72%) y Euros (18%). Este hecho agrava la situación por cuanto se requiere contar no sólo con recursos fiscales suficientes para el pago del servicio de la deuda sino también con las divisas necesarias, circunstancia que dependerá del resultado de la balanza de pagos. No debe confundirse deuda pública externa (acreedores residentes en el exterior) que era de 83 mil millones de dólares, con deuda pública en divisas, que suma 140 mil millones. De allí, que al analizar la gravedad del endeudamiento, debe tenerse en cuenta no sólo la importancia con relación al PBI, sino también su relación con la principal fuente generadora de divisas, las exportaciones. Si se considera esta ratio se observa que el endeudamiento público argentino representaba 6 veces el valor anual de las exportaciones, situándose al país entre los más endeudados del mundo [6].

• Poco más de 83 mil millones de dólares -58% del total- estaba en manos de personas o entidades residentes en el exterior. Esto implica que casi el 60% de los montos que se abonen por servicio de la deuda saldrán del país, incidiendo negativamente sobre la balanza de pagos.

• La tasa de interés promedio alcanzaba al 11.5%. Esto representaba pagos de intereses por 16.500 millones de dólares anuales, equivalentes a las dos terceras partes de las exportaciones de ese momento.

De las cifras presentadas se desprende una lectura simple y obvia: la imposibilidad del Gobierno y de la economía nacional de hacer frente al pago de estas obligaciones.

Correspondió al Presidente Rodríguez Saa, sucesor del renunciante De la Rua, anunciar oficialmente la insolvencia de la Argentina y asumir la situación. Paradójicamente, los responsables de la crisis, es decir, todos aquellos que contribuyeron al endeudamiento irresponsable del país haciendo oídos sordos a las advertencias sobre el agravamiento de la vulnerabilidad externa, trataron de culpar al “mensajero” por las consecuencias de la cesación de pagos. Los cargos: haber declarado alegremente el default.

Estos mismos apologistas de la desindustrialización y la apertura ciega pretendían hacer creer que el endeudamiento no fue el determinante del colapso nacional, argumento que intentaban defender señalando el agravamiento de la recesión durante el 2002, a pesar del default. Parecen olvidar que a fines del 2001 el total de la deuda pública superaba los 144 mil millones de dólares y los pagos por intereses alcanzaban a 10 mil millones anuales. Sin duda, semejante deuda y su servicio eran absolutamente impagables, con o sin declaración de default, ya que la economía no generaba el superávit fiscal y externo necesario para hacer frente a los pagos

Asimismo, ocultan otros elementos claves que permiten interpretar el caos económico de ese año, como fueron el derrumbe del sistema financiero con la consecuente desaparición del crédito, las restricciones a la utilización de depósitos bancarios (“corralito” y “corralón”) y la caída de demanda motivada por el deterioro de poder adquisitivo de la población a consecuencia de la inflación.

En mayo del 2003 asumió un nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Nestor Kirchner, que definió una nueva estrategia destinada a poner un punto final a este crónico problema argentino. En términos generales, la estrategia se basó en la distinción entre aquellas obligaciones que debían honrarse plenamente (negociando una espera) y aquellas a las que se ofrecería un pago, pero con una quita sustancial.

Las primeras, que sumaban 62 mil millones de dólares, correspondían a obligaciones de corto plazo y prestamos de organismos internacionales y paises. Las segundas, estaban representadas, principalmente, por títulos y prestamos contraidos con acreedores privados que en conjunto rondaban la suma de 82 mil millones a los que debían adicionarse los intereses devengados durante la suspensión de los pagos.

Después de arduas negociaciones y revisiones el gobierno presentó una oferta final a los acreedores en default. En marzo del 2005 se anunció que la aceptación de la propuesta oficial había alcanzado al 76% de la deuda en proceso de reestructuración, porcentaje superior al esperado.

Cabe destacar que más allá del ahorro de recursos obtenido la negociación del canje representa un importante precedente internacional, tanto por el monto de lo negociado (verdadero récord mundial) como por el aporte de pensamiento propio en la gestión. Argentina ha sentado jurisprudencia en este tema y establecido un histórico precedente de espaldas a las directivas de los centros de poder domésticos y del exterior.

5. EL CANJE
Finalmente, el Gobierno terminó ofreciendo para el canje de los títulos en default un set de tres bonos alternativos.Algunos de los bonos tienen un premio adicional (Unidades Ligadas al PIB). En caso que el crecimiento del PBI supere cierto estimado el gobierno distribuirá entre sus titulares el 5% del excedente.
Los bonos se emiten con fecha 31.12.03. Al hacerse entrega de los nuevos títulos se cancelarán los intereses acumulados.

El total de acreencias ingresadas al canje fue de 78 mil millones de dólares, 62 mil millones de capital más intereses acumulados, bajo la forma de 152 tipos de bonos. En su lugar serán emitidos 11 tipos de nuevos bonos por un total de 35.2 mil millones de dólares.



Los principales logros obtenidos con el canje son:
1. Del total de 102 mil millones de dólares en default, considerando capitales e intereses adeudados, ingresaron al canje cerca de 78 mil millones (76% del total).

2. El canje para los acreedores que aceptaron la propuesta oficial implica una quita del 55% y un ahorro para el Estado de unos 45 mil millones de dólares. El gobierno computa en las quitas y ahorros los 24 mil millones de dólares de acreencias no ingresadas al canje, como si no fueran a pagarse nunca jamas. De allí que haya estimado en un 66% el porcentaje de quita.

3. El plazo promedio de pago se alargó de 8 años a más de 14 años, básicamente por el impacto de los extendidos vencimientos que tienen el bono Par (comienza a amortizar capital en 2029 y termina en 2038) y el Cuasi Par (arranca en 2036 y cancela en 2045).

4. La carga por pago de intereses se reduce a poco más de 3 mil millones de dólares anuales, menos del 10% de las exportaciones (en el 2001 superaron los 10 mil millones, 38% de las exportaciones). Este monto tenderá a crecer con el paso de los años, porque los nuevos bonos ofrecen un interés creciente (el Par empieza con una tasa del 1,3 % y llega al final con una del 5,2 %).

5. El 37% de los pasivos quedó en pesos, disminuyendo la dependencia de la evolución de divisas.

6. SITUACIÓN ACTUAL

Quienes creen que Argentina después del canje superó definitivamente el problema de la deuda se equivocan y mucho. El monto del stock de deuda sigue siendo excesivamente alto y la carga de su servicio una de las más gravosas del mundo. Tres datos permiten comprender la situación.

• Después del canje el stock de deuda es, según el Gobierno, de 125 mil millones de dólares (no computa la deuda con quienes no ingresaron al canje). Sin embargo, en un escenario más realista, que incluya las acreencias de los renuentes con una quita similar al resto, la deuda total alcanzaría los 136 mil millones de dólares. Este monto representa el 80% del PBI actual y equivale a unos 16 mil dólares por familia.

• La nueva deuda absorberá, sólo en concepto de intereses cerca de 7 mil millones de dólares anuales, equivalentes al 20% de las exportaciones y un 4% del actual PBI. En el 2005 y el 2006 los vencimientos alcanzan a 13 mil millones/año, posteriormente van descendiendo para situarse, después del 2012 en los 6 mil millones/año.

• En los próximos 6 años se concentran vencimientos por 70 mil millones de dólares. Esto significa que aún en el caso que todos los años se destine a honrar el servicio de la deuda el 3.5% de un PBI en crecimiento, se necesitará refinanciar obligaciones por 30 mil millones de dólares.

¿Es factible honrar la nueva deuda?

Sólo con crecimiento. Como bien lo señalara el ministro Lavagna en su intervención “ningún artilugio reemplaza al crecimiento”. El país deberá necesariamente crecer en los próximos años a una tasa superior al 6% anual, para llegar al 2010 con un PBI de 230 mil millones de dólares (el actual es de 170 mil millones) y exportaciones que superen los 45 mil millones.

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